Nacional

Balance de la situación nacional 2012

Todo nuevo año exige un balance del año que pasó. Por ello, en esta oportunidad realizaremos un recuento de los principales acontecimientos que marcaron la situación política del año 2012.

Conga, la lucha contra el capitalismo

El año 2012 se inició con la denominada “Marcha por el agua y por la vida”, impulsada principalmente por las organizaciones populares de Cajamarca. La Marcha tuvo como objetivo movilizar a la población de todo el país para lograr la paralización y suspensión del proyecto Conga, que implicaba drenar cuatro lagunas para construir en su lugar depósitos de relaves mineros. La “Marcha por el agua y por la vida” tuvo un considerable apoyo popular y culminó en Lima con un multitudinario mitin en la Plaza San Martín.

El problema generado por el proyecto Conga ha mostrado con mucha claridad un problema mayor: el carácter neocolonial de nuestra economía. Es sintomático que la población se enfrente a las empresas transnacionales que están detrás del proyecto Conga. Un escenario similar se observó en las luchas de Bagua (2009) y Puno (2010): la lucha fue contra el capitalismo transnacional. De la misma manera, los protagonistas de estas luchas han sido las comunidades campesinas y nativas, lo cual muestra que nuestra sociedad aún mantiene un carácter semifeudal.

En resumen, el conflicto de Conga es una manifestación de la contradicción principal que se da en nuestra sociedad: el pueblo peruano, especialmente campesino, originario y rural, que lucha por la mejora de sus condiciones de vida y de trabajo versus la gran burguesía intermediaria y transnacional que busca mantener y ampliar sus beneficios con el manejo del Estado neocolonial.

Las huelgas del SUTEP

En el 2012, el Sindicato  Único de Trabajadores de la Educación en el Perú (SUTEP) protagonizó tres huelgas.

La primera se inició en junio y fue impulsada por los SUTE regionales, entre ellos, los de Cusco, Ayacucho, Tacna, Puno y Pasco. El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SUTEP no acató la medida porque la consideraba ilegítima. El principal reclamo de los SUTE regionales fue el pago de la deuda social (que viene desde 1991) al magisterio del 30% del salario por preparación de clases. La huelga fue positiva para la mayoría de las regiones, pues consiguieron el pago de la deuda mediante un acuerdo con el Ministerio de Educación.

Por otra parte, a fines de agosto un sector del magisterio denominado Conare-Sutep convocó a una huelga que fue acatada por un mínimo de maestros y que duró tan solo unos días.

Entre tanto, desde el citado Ministerio de Educación se propuso una nueva ley para el magisterio, que unifique la Ley del Profesorado y la Ley de Carrera Pública Magisterial. Esto motivó que a inicios de setiembre el CEN del SUTEP convocara a una huelga indefinida. El objetivo, obviamente, era la no aprobación del proyecto de Ley, ya que era represiva y atentaba contra principales derechos de los docentes. La consigna que movilizaba a los maestros era “en contra de la Ley de Reforma Magisterial y por el respeto y vigencia de la Ley del Profesorado (24029/25212)”.

Si bien esta nueva medida tuvo más acogida que la anterior (sobre todo en Lima), no logró su objetivo. Las pugnas internas entre los grupos políticos y el desánimo de las bases terminaron por debilitar la huelga. Una vez más, la lucha sindical fue sacrifica por los intereses arribistas y hegemónicos de conocidos grupos políticos (Patria Roja y Movadef). La división en el magisterio fue la principal causa del fracaso de sus luchas. El frente único, que es un principio sindical fundamental, se dejó de lado a pesar de que las bases exigían unidad.

Todo lo anterior nos muestra que si en el trabajo sindical  -y en general, en las luchas del pueblo- no se llega a una unidad en la acción y priman los intereses pequeñoburgueses, las luchas y medidas que se tomen no surtirán el efecto previsto. Ahora más que nunca hace falta la más amplia unidad del pueblo y de los sectores progresistas para hacerle frente a la salvaje arremetida de la burguesía y del Estado neocolonial.

Indulto y revocatoria, la salvaje arremetida de la burguesía

A mediados del año pasado, los hijos del expresidente Alberto Fujimori Fujimori formalizaron el pedido de indulto para su padre, quien cumple una pena de más de 25 años por delitos de corrupción y lesa humanidad. El pedido se basaba en la supuesta deteriorada salud del exmandatario, lo cual ponía en riesgo su vida.

No obstante, Alberto Fujimori no cumplía con las condiciones para que se le otorgue el indulto humanitario: no padecía una enfermedad terminal. Lo que es peor, los condenados por delitos de lesa humanidad no tienen derecho a la “gracia presidencial”. Aún así, el pedido fue aceptado debido a la presión de los hijos (principalmente Keiko y Kenji) con el apoyo de algunos medios de comunicación que les sirvieron de altavoz. Sin embargo, la “jugada” no les salió como esperaban, ya que el indulto no salió inmediatamente. La presión de diversas organizaciones sociales a través de protestas y movilizaciones hizo que el Ejecutivo demore la solución del pedido. Y cada vez más el indulto pierde sustento (si alguna vez lo tuvo) y apoyo, muy a pesar de los sectores reaccionarios de nuestro país.

De manera similar, el año 2012 se cerró con el pedido de revocatoria de la alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Susana Villarán. El principal promotor visible de la revocatoria es Marco Tulio Gutiérrez, quien junto a otros personajes presentó a fines del año pasado las firmas para iniciar un proceso de Revocatoria a Susana Villarán. El argumento de los “revocadores” es que Villarán no ha podido gobernar adecuadamente la ciudad durante los dos primeros años. (Precisamente, un spot de su campaña es “Susana incapaz”.) A pesar de que los “revocadores” no supieron afrontar las denuncias por firmas falsas y financiamientos dudosos, el pedido de revocatoria fue aceptado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE); y la consulta se llevará a cabo el 17 de marzo.

Como era de esperarse, las posiciones en torno a la revocatoria comenzaron a mostrarse. La opción Sí a la revocatoria tuvo el respaldo del Partido Aprista y de otras “personalidades” relacionadas a dicho partido y a Luis Castañeda Lossio, anterior alcalde de Lima, el mismo que tiene pendiente un proceso judicial por corrupción. Por otra parte, la opción del No a la revocatoria comenzó a sumar a partidos como Perú Posible, Partido Popular Cristiano, entre otros, además de organizaciones sociales, artistas, etc.

Lo común en estos dos hechos es el afán de la burguesía más sucia de nuestro país (la “derecha bruta y achorada” – DBA, como la bautizó Carlos Tafur) por recuperar espacios que le fueron arrebatados por la socialdemocracia. La burguesía no perdona haber sido desplazada; y de manera lumpen y delincuencial pretende retomar el poder para seguir robando de los bolsillos del pueblo. Y para ello se basan en campañas seudoclasistas (“Susana pituca”) y populistas (“Somos del pueblo”), en el caso de la revocatoria, y supuestamente humanistas en el caso del indulto. Como sectores progresistas, no podemos permitir que una burguesía lumpen vuelva a gobernar la ciudad o el país. El avance del pueblo y de los sectores progresistas de nuestro país depende de que podamos contener la arremetida de la burguesía en estos momentos.

Balance provisorio

El Perú vive un crecimiento económico inédito debido a las grandes facilidades que se le da al capital transnacional y nacional para que haga inversiones en el país. Todos estos inversionistas, ayudados por los gobiernos, dejan muy poco para el beneficio de los trabajadores y del pueblo peruano. Por eso, éste lucha permanentemente para que haya una mejor redistribución de la riqueza, y para que el crecimiento se transforme en desarrollo de toda la sociedad. Porque bien miradas las cosas, el crecimiento es favorable casi exclusivamente para los grandes capitales y sus funcionarios y empleados. La mayoría de la población no ha mejorado sustancialmente sus niveles de vida, por eso se dan los permanentes conflictos sociales.

Como se verá a continuación, es en la defensa de los recursos naturales, del agua y de las fuentes de vida, donde se concentra la actuación combativa de las comunidades. La lucha es contra las explotaciones mineras que realizan o pretenden iniciar las transnacionales asociadas a capitales nativos. Es una nueva modalidad de la lucha por la tierra que realizan las comunidades originarias y campesinas, diferente de la que se realizaba antes, cuando el enemigo era el terrateniente feudal o semifeudal. Ahora el enemigo es el gran capital que de la mano con el Estado se posesiona en territorios comunales cuyos subsuelos tienen alta concentración de minerales.

El último importante conflicto de esta naturaleza se está desarrollando en el distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe, región Lambayeque, norte del Perú. Es en torno a la explotación Cañariaco que pretende iniciar la compañía Candente Cooper. Sin embargo, hay una larga fila de conflictos latentes o activos, como veremos a continuación.

FALLIDA INTERVENCIÓN AL COLEGIO JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE CARABAYLLO

 El 22 de octubre de 2012, el colegio José María Arguedas fue intervenido por agentes de seguridad y por la policía bajo mandato de la UGEL 04.  Según la autoridad, había pasado un tiempo prudencial y la institución no había acatado las disposiciones superiores acerca del cambio de director. Sirviéndose de estas “razones”, la UGEL 04 intentó instalar una Comisión Reorganizadora que le permitiera remover a los principales dirigentes del sindicato de profesores, como represalia por haber sido la base más fuerte y combativa del Cono Norte en la pasada huelga docente contra la abusiva Ley de Reforma Magisterial impulsada por el gobierno de Ollanta Humala. Y prueba de los oscuros propósitos de la UGEL fue que la intervención se  hizo de madrugada, sin ninguna autoridad presente, y recurriendo a agentes de seguridad privados, quienes ingresaron a la institución trepando por el techo, cual delincuentes.

Ante tal abuso de autoridad, la reacción de profesores, padres de familia y alumnos no se hizo esperar. Después de pugnas en la puerta, los docentes lograron ingresar a su centro de labores y se instaló una comisión de diálogo, donde se incluyó a representantes del alumnado. El resultado: la UGEL hubo de reconocer lo ilegal de su intervención y tuvo que desistir de imponer su Comisión Reorganizadora. Como corresponde, el nuevo director se elegiría por promoción interna.

Pero lo que la UGEL nunca esperó fue el rechazo tajante de los padres de familia y alumnos a que se llamase “terroristas” y “corruptos” a sus profesores y directivos. Por el contrario, se reconoció su esforzada labor pedagógica, y se denunció que la intervención de la UGEL obedecía a intereses políticos que en nada beneficiarían a la institución educativa.